El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, acompañado por el director general de la Oficina de Control Presupuestario, Francisco Rojas, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez “la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica”.

Domínguez, que ha explicado las alegaciones del Gobierno de La Rioja al último informe elaborado por el Comité Técnico de Evaluación Permanente, considera que el Gobierno de la nación “tiene tiempo suficiente para abordar esta cuestión, puesto que está hecho la mayor parte del trabajo de la revisión del sistema de financiación y queda la última fase de negociación política” y existe además “unanimidad de todas las comunidades en que el modelo debe ser reformado de forma urgente y que se trata de una cuestión de Estado”.

En este sentido, ha subrayado que “por primera vez en La Rioja tenemos una posición común respecto a los principios que deben regir el nuevo modelo, que aparecen recogidos en la Proposición no de Ley aprobada el pasado 18 de mayo en el Parlamento de La Rioja, a propuesta del Partido Popular, y que contó con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, en la que se manifiesta la urgencia de abordar la reforma del sistema”.

Para el consejero, “la negociación debe realizarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para garantizar la transparencia y el consenso entre las regiones y asegurar así la igualdad de derechos a los todos los ciudadanos” y se ha pronunciado en contra de la posibilidad de abordar “cambios puntuales a través de acuerdos bilaterales”.

Respecto a las alegaciones presentadas por La Rioja, en primer lugar Domínguez se ha referido a la necesidad de que “el nuevo modelo garantice que los servicios públicos fundamentales cuenten con una financiación suficiente tanto en el momento presente como en el futuro”. Para ello, ha detallado que “el Gobierno de La Rioja considera que debe haber una aportación adicional del Estado al sistema de financiación para que ninguna comunidad pierda recursos con el nuevo modelo y que se respete la cláusula de status quo”. Una cuestión, ha añadido, que ya quedó recogida a través de en el documento del Comité de Expertos y que ahora se ha obviado en este nuevo documento aportado por el Comité Técnico.

Asimismo, ha reiterado la defensa del principio de lealtad institucional y ha reclamado “instrumentos para compensar financieramente a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan hacer frente a mayores gastos por la prestación de los servicios”.

En esta línea, ha declarado la importancia de definir las necesidades de gasto de cada Administración, puesto que “somos las comunidades las que prestamos los servicios básicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales”. En este sentido, ha insistido en el amplio consenso ya alcanzado entre diferentes CCAA acerca de “la necesidad de que el nuevo modelo tenga en cuenta el criterio de costes fijos, ya que para las comunidades más pequeñas como La Rioja se trata de la variable que más incide en el coste de prestación de los servicios”.

En este sentido, el Gobierno de La Rioja defiende que se corrija la variable de población ajustada, de modo que además de los costes fijos de los servicios, se tengan en cuenta criterios como la dispersión territorial, la superficie y el envejecimiento de la población.

Impulso a la solidaridad interterritorial y la corresponsabilidad fiscal

Entre sus alegaciones, el Gobierno de La Rioja defiende que se potencien los mecanismos de solidaridad interterritorial, “para que se garantice que la prestación de los servicios se produce en condiciones similares para todos los ciudadanos”. A este respecto, el Gobierno de La Rioja insiste de nuevo en estas alegaciones en que las Comunidades de régimen foral se integren en los mecanismos de solidaridad y que se corrija la brecha de recursos entre los recursos financieros de que disponen las comunidades de régimen común y foral.

Domínguez ha explicado que desde el Ejecutivo regional una vez más se pide que se garantice “la armonización fiscal entre las comunidades de régimen común y foral, una cuestión de especial relevancia para nuestra comunidad, por su proximidad con el País Vasco y Navarra; sin perjuicio de que se respete la autonomía fiscal de las comunidades de régimen común para poder decidir sobre la presión fiscal de sus ciudadanos”.

En relación con el debate abierto respecto a la reestructuración de la deuda o la condonación, Domínguez ha reclamado al Gobierno de España “que se posicione al respecto para que la Comunidades Autónomas que hemos cumplido con los objetivos de estabilidad sepamos a qué atenernos”.

Por último, el Ejecutivo regional defiende un sistema de fondos más sencillo y comprensible, “puesto que el actual resulta complejo y de difícil comprensión para el ciudadano” y se propone que las entregas a cuenta no se vean afectadas por futuras prórrogas de los presupuestos generales de Estado. Asimismo, plantean que el Ministerio mejore la información que se proporciona a las regiones sobre el cálculo de las mismas y de que en el ámbito del IRPF, se introduzcan medidas para incentivar la corresponsabilidad fiscal de las Comu