La Dirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja ha elaborado un informe de impacto de género de la crisis sanitaria del COVID-19 en La Rioja en el que se pone de manifiesto la diferente incidencia que, a todos los niveles, ha tenido la pandemia entre hombres y mujeres. Estas diferencias han generado distintas consecuencias en aspectos como el económico y social, lo que motiva a diseñar medidas que eviten un aumento de las brechas de género ya existentes.

El informe indica que la mayor presencia de mujeres entre el colectivo sociosanitario ha sido determinante en el impacto del COVID-19. Las mujeres tienen más representación que los hombres entre las profesiones sanitarias, especialmente enfermería, donde la representación femenina se sitúa en un 91,7 por ciento.

En los contratos iniciados en 2020 en La Rioja cuya especial ocupación tiene que ver con sectores sociosanitarios, también la feminización es mayor: entre los trabajadores de servicios de salud el 87,9 por ciento de los contratos iniciales en 2020 han sido realizados a mujeres.

Por otro lado, el informe hace referencia al impacto de género como consecuencia de las medidas de urgencia adoptadas frente al COVID 19, tales como el cierre de los centros escolares o los centros de atención a personas dependientes. Por ese motivo las cargas de cuidado y atención en los hogares han aumentado y se han asumido mayoritariamente por mujeres. Según los datos de la EPA, el 33 por ciento de la población femenina inactiva riojana argumentó su dedicación a labores del hogar como principal causa de dicha inactividad, frente al 6,4 por ciento de los hombres inactivos que, además, cuentan con una tasa de inactividad nueve puntos inferior a las mujeres.

Según los datos de afiliación media de la Seguridad Social, los cuidados desarrollados en el plano profesional recaen igualmente casi en su totalidad en las mujeres, que suponen el 97 por ciento del total de afiliados al sistema especial de hogar.

Y en cuanto al tipo de jornada, casi la mitad de los hombres cuenta con jornada partida, frente a un tercio de las mujeres ocupadas; además, ocho de cada diez personas con jornada parcial fueron mujeres, lo que también implica directamente un desequilibrio de conciliación. Una brecha nítida en el caso de las excedencias, donde el 85% de las excedencias por cuidado de familiar y el 97% de las excedencias por cuidado de hijos fueron asumidas por mujeres en 2018.

Por otro lado, los datos de desempleo entre los meses de marzo y mayo indican que las medidas para hacer frente a la pandemia también han repercutido en mayor medida entre las mujeres. El paro registrado en estos meses ha procedido principalmente de actividades económicas relacionadas con la hostelería, actividades administrativas, industria manufacturera y comercio, sectores en los que el desempleo en el último mes ha sido mayoritariamente femenino –a excepción de la industria-; son sectores que, además, por la especial incidencia del COVID, se han visto obligados al cierre sin posibilidad de trabajo a distancia.

La crisis sanitaria ha tenido también mayor incidencia entre colectivos vulnerables, como las familias monoparentales, el 80% asumidas por mujeres. Si a ello sumamos una mayor vulnerabilidad económica, el impacto de la crisis en las mujeres de estos colectivos ha sido mayor aún.

Por último, el informe destaca la incidencia del COVID-19 en materia de violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres, cuya situación ha empeorado dada la situación de confinamiento. Durante este periodo, se ha realizado seguimiento integral de 446 casos activos en La Rioja, así como de 238 casos con riesgo apreciado. Además, se ha continuado con el servicio telefónico de atención y protección a tres usuarias activas. Y paralelamente, se ha impulsado el Plan de Contingencia desarrollado por el Ministerio de Igualdad, asegurando desde el Gobierno de La Rioja el funcionamiento de todos los servicios de atención y emergencia, así como habilitando alojamientos de emergencia extraordinarios.

Recomendaciones

La Dirección General de Igualdad considera que este diagnóstico debe servir para rediseñar la respuesta de las administraciones públicas a las distintas consecuencias del COVID-19. Para ello, realiza una batería de recomendaciones dirigidas a impulsar un enfoque de género a las soluciones que se vayan desarrollando; plantear el cuidado como una necesidad esencial y social; perseverar sobre la idea de que la violencia de género es un problema de salud pública; y, finalmente, que la perspectiva de género sea una realidad presente en las políticas pública.

En este sentido, destaca la promoción de la cultura de la corresponsabilidad y la flexibilidad horaria, así como medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar; garantizar una atención adecuada a las familias monoparentales y prestar una idónea atención a mujeres mayores de 64 años en hogares unipersonales; y reconocer el trabajo doméstico como esencial para la sostenibilidad de la economía, teniendo en cuenta la tradicional feminización y precariedad de este sector económico, entre otras recomendaciones.

Además, considera necesario garantizar medidas económicas, fiscales y laborales que promocionen el empleo y favorezcan la participación femenina, así como impulsar un cambio hacia la integración de la perspectiva de género en el urbanismo, transporte y vivienda.